RIO GALLEGOS.- El fiscal federal Guillermo Marijuan encabezó ayer una serie de allanamientos simultáneos en unas 40 propiedades del empresario Lázaro Báez en El Calafate, una de las cuales compartiría con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Entre las propiedades allanadas estaba un terreno de 87.000 metros cuadrados ubicado en Punta Soberana, a unos 10 kilómetros del casco urbano de El Calafate, y un hotel del empresario que aún no fue inaugurado, situado en el centro de la ciudad, conocido aquí como el “shopping Báez”.
Los procedimientos se llevaron a cabo en el marco de la causa por lavado de activos (conocida como “ruta del dinero K”) que investiga el fiscal y por la que está detenido Báez desde hace dos meses.
“Los allanamientos nos dan una idea del patrimonio de Báez, ya que sólo teníamos información catastral”, precisó Marijuan en declaraciones a la prensa formuladas a la salida de uno de los operativos. En ese sentido, explicó que esas las actuaciones judiciales “sirven para evaluar el tiempo de construcción y el uso de los bienes”, y que luego se hará una “valuación”.
Asimismo, se mostró sorprendido por el “valor de la estancia Alquinta”, perteneciente a Báez, cuyo allanamiento se llevó a cabo el miércoles. Respecto de lo actuado ese día, ratificó que en el operativo llevado a cabo en la casa de Río Gallegos de Luciana Báez, hija del empresario, tanto la mujer como su hermano Leandro lo consultaron “sobre aspectos vinculados a la causa” que no precisó.
De todas formas, admitió que es probable que “pueda haber una nueva reunión” en Buenos Aires con la familia Báez.
En tanto, el gobierno de Mauricio Macri, a través de la Oficina Anticorrupción (OA), fue aceptado como parte querellante en la causa conocida por lavado de activos. Aunque el juez federal Sebastián Casanello está en Roma de visita oficial en el Vaticano junto a otros magistrados y el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, la OA fue notificada de la decisión del juez.
Casanello entendió que “corresponde admitir el ejercicio de la acusación privada por parte de la Oficina Anticorrupción en todos los casos de naturaleza criminal en que se persiga el esclarecimiento de hechos en que se vea perjudicado el patrimonio del Estado y respecto de las conductas concordantes abarcadas por la Convención Interamericana contra la Corrupción”. (DyN)